Fachada del Ministerio de Agricultura. (Foto: fuente externa)
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EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Directores regionales y departamentales desvinculados del Ministerio de Agricultura denunciaron que el nuevo titular de la institución, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, se habría negado a asumir el pago de una deuda ascendente a RD$150 millones correspondiente a un programa de financiamiento vehicular dirigido a funcionarios del sector.
De acuerdo con la denuncia, el programa contempló la entrega de alrededor de 150 vehículos, entre camionetas y todoterrenos, durante la gestión del exministro Limber Cruz López, beneficiando a directores regionales y encargados de zonas agrícolas en las ocho regionales agropecuarias del país.
Según el documento difundido por los afectados a través del medio Acento, los acuerdos de financiamiento se formalizaron a través del Banco de Reservas de la República Dominicana y la cooperativa Coopprospera.
El esquema establecía que cada director aporta un 10 % del valor del vehículo como inicial, mientras que el restante sería cubierto mediante pagos mensuales asumidos por el Ministerio de Agricultura como parte de los beneficios asociados a las funciones operativas en el campo.
Los denunciantes aseguran que, tras el cambio de gestión, el ministro entrante habría instruido excluir del compromiso financiero tanto a los más de 30 directores ya desvinculados como a otros que aún permanecen en nómina.
“Ahora que hubo cambio de autoridad, el ministro entrante instruyó para que excluyan de este compromiso a los directores desvinculados y también a los demás que aún permanecen en nómina”, señala la nota.
Los exfuncionarios advierten que la medida los dejaría expuestos ante las entidades financieras, pese a que el acuerdo original, según alegan, fue institucional y no personal.
Hasta el momento, las autoridades del Ministerio no han emitido una posición pública formal sobre la denuncia ni han confirmado si revisarán o mantendrán el esquema de financiamiento establecido en la administración anterior.
El caso abre interrogantes sobre la continuidad de compromisos administrativos tras los cambios de gestión en instituciones públicas y el alcance legal de los acuerdos suscritos bajo programas especiales de apoyo a funcionarios.
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