Las organizaciones advirtieron que la República Dominicana continúa altamente expuesta a eventos climáticos extremos que generan pérdidas económicas estimadas en un promedio anual de 0.9 % del Producto Interno Bruto (PIB), pudiendo alcanzar hasta un 10 % del PIB en daños a infraestructuras ante el impacto de un huracán categoría 4.
Indicaron que amplios segmentos de la población permanecen en zonas de alta vulnerabilidad, como comunidades asentadas en las orillas de ríos que atraviesan ciudades como Santo Domingo y Santiago, áreas costeras bajas y laderas propensas a deslizamientos de tierra, sin que, según señalaron, exista una política estructurada e integral para enfrentar la emergencia climática.
Las entidades recordaron que, pese a que cada año el país enfrenta una temporada ciclónica de seis meses, del 1 de junio al 30 de noviembre, ningún gobierno ha adoptado hasta el momento una estrategia sistemática para responder al cambio climático, mientras los fenómenos atmosféricos ocurren cada vez con mayor frecuencia fuera de los períodos tradicionales.
Asimismo, criticaron que las acciones estatales continúen enfocadas en medidas de remediación posteriores a los desastres y no en la prevención, lo que calificaron como respuestas tardías y precarias.
Modelo eléctrico erróneo
En otro orden, el CNLCC e Insaproma señalaron que el mandatario reafirmó durante su discurso la continuidad de un modelo de generación eléctrica basado en combustibles fósiles, principalmente gas natural y carbón, complementado con energías renovables mediante contratos de largo plazo cuyos costos, según afirmaron, superan hasta tres veces el precio nivelado internacional.
A juicio de las organizaciones, este modelo perpetúa la dependencia del país de combustibles fósiles importados y mantiene el subsidio eléctrico, el cual representa un costo aproximado de US$2,000 millones anuales para el Estado dominicano.
Las entidades manifestaron además estar “escandalizadas” por el dato ofrecido por el presidente sobre la entrega de más de RD$4,000 millones a través del programa Bono Luz, al considerar que se trata de un doble subsidio eléctrico.
Indicaron que los RD$4,633.6 millones destinados a este programa provienen de préstamos internacionales, lo que ,según sostienen, incrementa la deuda pública y el déficit presupuestario sin resolver el problema estructural del sistema energético.
En ese sentido, plantearon que dichos recursos podrían destinarse a incentivar la instalación de paneles solares en viviendas de sectores populares, reduciendo el subsidio eléctrico, el déficit energético y los niveles de pobreza.
Las organizaciones también advirtieron que la expansión del modelo basado en gas natural no contribuiría a reducir las emisiones de carbono, sino que podría aumentarlas, dificultando el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país para reducir emisiones en un 27 % hacia el año 2030.
Finalmente, reiteraron que mantener el actual modelo energético genera impactos negativos en la salud pública, el medio ambiente y los sistemas productivos, al tiempo que insistieron en la necesidad de adoptar políticas climáticas y energéticas integrales orientadas a la sostenibilidad y la reducción de riesgos frente al cambio climático.
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