EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Después del colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril de este año 2025 y en que más de 230 personas perdieron la vida y decenas quedaron heridas, el Congreso Nacional fue escenario de una oleada de iniciativas legislativas orientadas a reforzar la seguridad de edificaciones y brindar apoyo a los afectados.
En las semanas siguientes a la tragedia, legisladores de distintos partidos sometieron más de una veintena de proyectos de ley y resoluciones, la mayoría enfocadas en la inspección, supervisión y certificación obligatoria de edificaciones públicas y privadas, especialmente aquellas destinadas a actividades recreativas o que concentran grandes cantidades de personas.
De esas legislaciones una fue presentada por la diputada Lidia Pérez, familiar directo de una de las víctimas mortales del fatídico colapso, ya que es la hermana del merenguero Rubby Pérez.
Entre las propuestas figuran proyectos para crear un Sistema Nacional de Inspección y Certificación de Edificaciones, establecer inspecciones técnicas periódicas obligatorias según la antigüedad de las construcciones, así como la exigencia de certificaciones visibles de seguridad estructural en establecimientos abiertos al público.
Otras normativas plantean el mantenimiento obligatorio de infraestructuras como escuelas, hospitales y centros de entretenimiento.
También fueron sometidos proyectos de carácter social y conmemorativo, como la creación de un registro nacional de víctimas, medidas de asistencia económica y apoyo educativo para familiares y sobrevivientes, así como resoluciones para declarar una fecha de recordación en honor a las víctimas y levantar memoriales en el lugar de la tragedia.
Sin embargo, pese a consternación nacional e internacional que generó el derrumbe del centro de diversión y del consenso inicial sobre la necesidad de prevenir tragedias similares, gran parte de estas iniciativas permanece estancada en comisiones legislativas, sin que hasta la fecha se hayan producido aprobaciones definitivas.
El caso Jet Set reabrió el debate sobre la debilidad de los mecanismos de supervisión estructural en el país y la lentitud del Congreso para traducir el clamor social en reformas concretas, mientras familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil insisten en que la tragedia no quede solo en promesas ni en proyectos engavetados.
Estos proyectos de los que no se habla en la sede legislativa corren el riesgo de perimir si no son aprobados antes del 12 de enero que es cuando culmina la actual legislatura ordinaria.
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