Pro Consumidor y Alcaldía de Cotuí firman acuerdo para apertura de oficina de atención a los ciudadanos


-Eddy Alcántara asegura que la apertura de esta oficina representa un avance significativo para los habitantes de la provincia Sánchez Ramírez-

Cotuí, Sánchez Ramírez. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, y el alcalde del municipio de Cotuí, José Eugenio Montilla, firmaron este lunes un convenio interinstitucional con el propósito de abrir una oficina de esa entidad en esta ciudad.

 El acuerdo, firmado en la sede de la Alcaldía de este municipio, permitirá que Pro Consumidor ocupe uno de los espacios físicos dentro del cabildo, con el objetivo de brindar servicio y atención directa a todos los consumidores de esa provincia.

Alcántara informó que las gestiones para la instalación de esta oficina fueron canalizadas a través del senador por esta provincia y presidente del Senado, Ricardo de los Santos, quien sirvió de enlace para concretar el proyecto.

Explicó, además, que con la firma del convenio se le da cumplimiento una promesa suya y a la gran demanda de la población de que se instalara una oficina de la entidad para poder garantizar la protección de los derechos colectivos de los ciudadanos consumidores.

Indicó que la apertura de esta oficina representa un avance significativo para los residentes de la provincia, al facilitar el acceso a los servicios de la institución sin necesidad de trasladarse a otras demarcaciones.

“Esta firma abre un espacio de importancia que permitirá a todos los ciudadanos canalizar todas sus quejas cuando les sean vulnerados sus derechos, sin tener que acudir a una oficina más distante o trasladarse al Distrito Nacional”, señaló el funcionario.

Durante el acto, también se anunció la próxima entrada en vigencia de una nueva plataforma de servicios digitales, que permitirá a los ciudadanos acceder de manera remota a los servicios de Pro Consumidor, ampliando así los canales de atención.

Asimismo, ambas partes acordaron mantener una coordinación permanente para instruir a los servidores públicos que prestarán servicios en la oficina, a fin de garantizar una atención adecuada, respetando “los derechos de las partes y cumpliendo con los órdenes constitucionales y legales de la República Dominicana”.

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