EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El dirigente político y miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, Jeffrey Infante, advirtió este domingo que la reciente reorganización del sistema de transporte masivo anunciada por el Poder Ejecutivo concentra en una sola estructura todas las decisiones estratégicas sobre grandes proyectos de movilidad en el país.
Infante sostuvo que la designación del Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM) y de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) como responsables del diseño, contratación, construcción, supervisión y operación del transporte masivo elimina la separación de funciones necesaria para garantizar controles independientes.
“Con la nueva designación del presidente, FITRAM ahora se diseña, se licita y se supervisa a sí mismo”, afirmó.
El también exaspirante a la alcaldía de Santiago señaló que esta concentración de atribuciones ocurre en un contexto donde, según dijo, persisten cuestionamientos sobre la calidad, eficiencia y gestión financiera de proyectos recientes.
Mencionó el incremento del costo del Monorriel de Santiago, las fallas detectadas en la Línea 2C del Metro antes de su inauguración, así como la baja afluencia en los teleféricos de Santiago y Los Alcarrizos. Además, criticó que se promoviera un monorriel para Santo Domingo pese a estudios que recomendaban un modelo tipo metro.
Para Infante, integrar todas las etapas en una única estructura institucional no fortalece la gobernanza, sino que debilita la transparencia. “El país no puede permitirse que el mismo que decide sea el que licita, que construye y que se audita a sí mismo. Con ese historial, ¿la solución era eliminar controles?”, cuestionó.
El dirigente político llamó al presidente Luis Abinader a explicar cuáles serán los mecanismos de supervisión externa que garantizarán controles efectivos dentro del nuevo esquema.
A su juicio, la medida transforma la arquitectura institucional del transporte masivo y abre interrogantes sobre la solidez de los contrapesos en un sector de alta inversión pública. “El país necesita claridad sobre quién supervisa al que ahora lo controla todo”, concluyó.
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