Nueva York. Los jueces federales de Massachusetts, Indira Talwani, y de Rhode Island, John J. McConnell ordenaron a la administración Trump continuar financiando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) o cupones de alimentos, utilizando los fondos de contingencia mientras se mantenga el cierre del gobierno, porque la suspensión es «ilegal».
El congresista (D-13) Adriano Espaillat aplaude la decisión, quien, junto a varios oficiales electos en la Gran Manzana, demandó del presidente Donald Trump y de los republicanos en el Congreso tomar medidas inmediatas ya que la situación afectaría más de 40 millones de personas de escasos recursos a nivel nacional.
Previo a esta decisión, el congresista Espaillat había encabezado una conferencia de prensa exigiendo a la administración Trump y a los republicanos del Congreso tomar medidas inmediatas para garantizar los beneficios del SNAP ante la inminente suspensión de fondos que afectaría a millones de hogares en todo el país.
Denunció la falta de acción del gobierno federal y advirtió sobre las graves consecuencias que los recortes a los programas sociales tendrían para las comunidades más vulnerables, y si el mandatario no acata la decisión
«Si la administración Trump no acata esta decisión judicial, a partir de este sábado, 300 mil personas en mi distrito, entre ellas miles de dominicanos, entre otras etnias, que dependen de los cupones de alimentos no recibirán sus beneficios de noviembre, dijo Espaillat.
Lo mismo ocurrirá con 23,000 mujeres y niños que dependen del programa WIC. La administración Trump tiene la autoridad para usar más de 5 mil millones de dólares en fondos de emergencia de SNAP, pero se ha negado a hacerlo, castigando así a las familias trabajadoras de Estados Unidos”, precisó el congresista demócrata.
También criticó las recientes decisiones republicanas que contemplan recortes por 186 mil millones de dólares al programa SNAP y la imposición de nuevos requisitos laborales, medidas que -según estimaciones- podrían dejar sin asistencia a más de 240,000 personas solo en NYC.
«Estas decisiones no solo afectan a los hogares vulnerables, también a los comercios locales que dependen en gran parte de los clientes que utilizan los beneficios de SNAP». «Estamos ante una crisis de proporciones sin precedentes», enfatizó durante una rueda de prensa.
Estuvo acompañado por el presidente del condado de Manhattan, Mark Levine; el senador estatal Robert Jackson; la concejal Carmen De La Rosa, y el asambleísta estatal Manny De Los Santos, quienes expresaron su apoyo a las comunidades afectadas y a las organizaciones que combaten el hambre en la Gran Manzana.
Durante el evento, Espaillat colaboró con voluntarios empacando alimentos destinados a familias necesitadas y reafirmó su compromiso de continuar luchando en el Congreso por la seguridad alimentaria de las familias trabajadoras y fortalecer las políticas públicas que garanticen el derecho básico a la alimentación en todos los Estados Unidos.