Cámara de Diputados. (Foto: Fuente externa)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una carrera contra el tiempo, la advertencia de un nuevo veto por el Tribunal Constitucional (TC) y la demanda de amplio debates ponen al Congreso Nacional en un encrucijada difícil para conocer la modificación al Código Procesal Penal.
Y es que la Alta Corte en el año 2024 determinó que en la aprobación de la normativa se cometieron errores, razón por la que la declaró antijurídico y le otorgó un plazo de un año a los legisladores para subsanar esas faltas.
Con ese objetivo, la Comisión Permanente de Justicia del Senado analizó y debatió la pieza con entidades usuarias de la misma, dígase Procuraduría General de la República, Defensoría Pública y el Poder Judicial y luego fue aprobada en primera lectura en la Cámara Alta.
Sin embargo, tanto representantes de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) como legisladores advierten que si la legislación se aprueba tal y como está ahora viola derechos consagrados en la Constitución.
El vicepresidente de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, afirmó que lo aprobado en primera lectura por los senadores entra en contradicción con sentencias evacuadas por el TC, señalando entre esos aspectos el tema de la analogía como método de interpretación en los procesos judiciales que se utilizan para proteger al imputado.
Servio Tulio criticó otro aspecto del pliego referente a la extensión de los plazos en los procesos señalando que «ahí se establecieron criterios que pudiesen prácticamente declarar indefinido un proceso en cuanto al tiempo entonces esas son las cosas que nosotros estamos advirtiendo y sobre eso ya el TC se pronunció».
En ese sentido, el jurista demanda que la pieza antes de que salga del Congreso debe ser debatida ampliamente no solo con los actores del sistema, sino también con abogados expertos.
Asimismo, reveló que lo acordado en la comisión de Justicia no fue lo que realmente se conoció en el pleno y «esa situación se revela cuando el proyecto habiendo sido aprobado en primera lectura volvió a la comisión».
De su lado, el diputado y abogado Eugenio Cedeño, también coincidió en que lo sancionado por los senadores lacera principios fundamentales y universales del derecho penal.
«En todas las legislaciones se prohíbe a los jueces fallar por analogía, por deducciones simples; las pruebas para condenar a un imputado tienen que ser contundentes, tienen que apercivirle de su crimen, de su delito y no pueden dejar ningún tipo de duda».
En tanto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, subrayó que la nueva normativa jurídica que salga de la sede legislativa será bajo el consenso entre todos los sectores.
Está pieza está pendiente de aprobación en segunda lectura para luego ser remitida a la Cámara de Diputados donde deberá agotar el mismo proceso.
Pero el tiempo para hacerlo no es ilimitado, ya que el plazo que le otorgó el Tribunal Constitucional vence en los primeros días del mes de diciembre. Si los parlamentarios no logran cumplir el país retrocederá 20 años atrás y regirse con la Ley 76-02.
Ante este panorama, ¿Qué destino tendrá finalmente el Código Procesal Penal?.
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