EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Gobierno de Estados Unidos publicó su Informe sobre la Trata de Personas 2025, en el que ascendió a la República Dominicana al Nivel 2 al reconocer avances significativos en la lucha contra este delito, aunque advirtió que el país aún no cumple plenamente con los estándares mínimos para su eliminación.
De acuerdo con el documento, el Gobierno dominicano aumentó los esfuerzos de persecución penal, modificó la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito y Trata de Personas para fortalecer las sanciones y eliminar requisitos probatorios en casos que involucran a menores e incrementó las investigaciones y procesamientos, incluso contra funcionarios presuntamente cómplices.
Sin embargo, el informe señala que el país no investigó ni procesó adecuadamente los delitos de trata relacionados con trabajo forzoso y que la corrupción oficial continúa siendo una preocupación importante que limita la efectividad de las acciones judiciales.
En materia de protección a las víctimas, el Gobierno dominicano incrementó ligeramente los esfuerzos al identificar a más personas afectadas y ampliar los servicios de atención. No obstante, Estados Unidos advierte que los mecanismos para detectar víctimas de trabajo forzoso siguen siendo insuficientes, especialmente en sectores de riesgo como la agricultura, la construcción y el turismo.
El informe también reconoce avances como la adopción del Plan de Acción Nacional 2025-2028 y la suspensión de varias empresas de capital chino tras detectar indicios de trabajo forzoso durante inspecciones laborales. Aun así, señala que el país no garantiza servicios adecuados para todas las víctimas y que persiste la falta de identificación de personas apátridas, lo que aumenta su vulnerabilidad a la trata.
En sus recomendaciones, Estados Unidos exhorta a la República Dominicana a fortalecer la detección de víctimas en sectores laborales, procesar eficazmente a los tratantes, incluidos los funcionarios implicados y emitir documentos de identidad a las personas elegibles, a fin de reducir los riesgos de explotación y garantizar una respuesta más efectiva frente a la trata de personas.
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