La ultraderecha cruza una nueva línea: la propuesta de deportaciones masivas, incluidos hijos de inmigrantes nacidos en España. Las declaraciones coinciden con una ola de violencia avivada por simpatizantes de Vox, acompañados de una estrategia digital. Pero la situación también ocurre en medio de un descontento de la población, como señalaron a France 24 en Español habitantes de Torre Pacheco, escenario de una ola de disturbios en los últimos días. ¿Es legalmente posible copiar en territorio español las expulsiones al estilo del presidente de EE. UU.? Lo abordamos.
“Invasión migratoria”, “remigración” y “derecho a sobrevivir como pueblo”. Como si se tratara de defender una “raza pura”, estas son algunas de las palabras con las que el partido de ultraderecha, Vox, propone la deportación de millones de inmigrantes de España.
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Si bien Vox siempre ha sido sinónimo de racismo y xenofobia, ahora cruza una nueva línea: por primera vez habla de expulsiones masivas, incluyendo a los hijos de inmigrantes nacidos en España, es decir, españoles ¿Por qué ahora? El discurso ultranacionalista escala en medio de un panorama político convulso en el que la bancada ultra ve la posibilidad de llegar al Gobierno, en una eventual alianza con el Partido Popular (PP), con el que ya cogobierna en varias regiones.
“Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, ocho millones de personas (…) Tendrán que volver a sus países, esto será un proceso extraordinariamente complejo de remigración, pero que nosotros apostamos por ese proceso de remigración porque hay algo más importante que preservar y tenemos el derecho a querer sobrevivir como pueblo”, afirmó en rueda de prensa la portavoz de Emergencia demográfica y políticas sociales de Vox, Rocío de Meer, el pasado 7 de julio.
Aunque ante la polémica el partido negó haber entregado una cifra concreta de cuántas personas deportaría en caso de llegar al poder, la bancada no se ha retractado de la idea. Por el contrario, insiste en ella, asumiendo el modelo de redadas masivas al estilo Donald Trump y siguiendo las ideas antimigratorias que se expanden con la ultraderecha en el continente.
De la legislación nacional al marco europeo, el blindaje ante las deportaciones masivas
Juristas consultados por France 24 en Español coinciden en que la propuesta de la bancada de extrema derecha, aunque genera votos, no es jurídicamente viable. Y es que existen claros límites legales y constitucionales.
En primer lugar, en España las expulsiones masivas están prohibidas conforme al artículo 4 del protocolo número 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el Derecho Internacional de los DD. HH. que está ratificado por la nación.
Por tanto, para lograr su cometido, Vox tendría que “cambiar la Constitución en España, el Código Civil español, una enorme cantidad de normativa en el país y expulsar esa normativa del ordenamiento que hay actualmente (…) Retirarse de la Unión Europea y del Convenio Europeo de DD. HH.”, explica la directora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos, Adilia de las Mercedes.
En territorio español, las deportaciones pueden tener lugar, pero de manera individual con base en una decisión argumentada conforme a motivos existentes en la ley, subraya el magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez Achútegui.
“En el caso de que se cometa un delito y que las personas que se declaren culpables de un delito sean extranjeras que residan ilegalmente en España, pueden ser expulsadas del país. Pero eso no afecta a ocho millones de personas. Para empezar, porque en España no hay ocho millones de delincuentes ni los ha habido nunca”, indica el magistrado Rodríguez.
En todo caso existe un conjunto de garantías a aplicar durante la expulsión de una persona, por lo que “las deportaciones que ocurren de forma inmediata, sin el debido proceso, son ilegales”, remarca De las Mercedes. Y ese proceso incluye, por ejemplo, tener un abogado o abogada e intérpretes en caso de que no hable español. En una expulsión express todos esos requerimientos serían eliminados, lo que va en contravía con la ley.
El partido de ultraderecha tampoco difiere entre inmigrantes con estatus regular o irregular ni entre quienes hayan adquirido la nacionalidad española o nacido en el país, ambos con los mismos derechos y deberes como ciudadanos bajo la legislación del país. Los diputados de la bancada de Santiago Abascal han remarcado que aún, con su documentación en regla, tendrían que irse “si no se adaptan a nuestros modos y costumbres”.
En este país, retirar la ciudadanía a una persona solo puede ocurrir en casos excepcionales por delitos graves y la medida no está considerada para quienes nacen en territorio español.
En cuanto a la magnitud, Vox también muestra disparidades. Si bien la primera cifra propuesta fue la expulsión de ocho millones de inmigrantes, en el país residen en torno a 6,9 millones de extranjeros, según datos del INE, alrededor del 14% de la población total. Y de ellos cerca de cuatro millones son originarios de otras naciones de la Unión Europea, lo que hace más inviable su expulsión. Eso sí, Vox en su discurso no se refiere a extranjeros europeos, blancos y/o ricos e insiste en asociar inmigración con criminalidad.
«Lo que sabemos es que los que han entrado ilegalmente y han venido a matar, violar, e imponer religiones extrañas se tienen que ir. Los menores que no están con sus padres se tienen que ir (…) No sabemos cuántos son, pero cuando lleguemos al gobierno, sabremos cuántos son y todos ellos se tendrán que ir”, aseguró Abascal ante el Congreso el pasado 9 de julio.
Más allá de la asociación con presuntos delitos, los expertos advierten que el cometido de Vox podría incurrir en decisiones con tinte racial, según el país de procedencia, el estatus económico o la religión. Faltaría ver bajo qué condiciones determinaría la “españolidad” y quién pasa por su lupa con buenos ojos.
Ante un eventual escenario en el que Vox apuntara a cambiar la legislación para replicar deportaciones masivas como las que actualmente se observan en Estados Unidos, el magistrado Rodríguez resalta que en España “está claramente diferenciado el trabajo de la jurisdicción ordinaria y la del Tribunal Constitucional”, por lo que “no sería posible” de imitar.
La ventana de Overton y las cifras de la inmigración en la economía española
Estar prohibido por la ley no necesariamente significa que las deportaciones sin los debidos procesos no puedan ocurrir. Lo más inviable es la masividad a la que Vox se refiere.
Para Lucila Rodríguez, directora de PorCausa, fundación dedicada a la investigación de temas migratorios, existe la probabilidad de que Vox, en caso de llegar al Gobierno central, ejecutara su cometido aun cuando no sea en los mismos números que promete. “Hay una parte discursiva que consiste en exagerar lo que se llama ampliar la ventana de Overton para que luego tú metas dentro de ese espacio opciones menores, es decir, no expulsas a ocho millones, expulsas a 10.000, pero la gente lo ve como algo normal. Si Vox llegase al Gobierno haría cosas de ese tipo y sería un problema, porque otros gobiernos lo están haciendo”, señala.
Lucila Rodríguez apunta a los perjuicios que, además, una medida de tal envergadura traería a España, una nación con altos déficits de natalidad que en paralelo afectan a la economía y las pensiones. “Igual que le ha pasado a (Giorgia) Meloni en Italia, luego tendría que hacer medidas de regularización extraordinaria o ampliación de las visas de entrada de extranjeros, porque España tiene una población en decrecimiento. La natalidad no compensa la muerte. Es un país que crece exclusivamente gracias a la inmigración. Eso es así y no lo puede cambiar ningún discurso ultraderechista”, explica.
La directora de PorCausa destacó así el caso de Italia que, pese a su estricta política migratoria, recientemente ha batido récord en permisos de trabajo otorgados a extranjeros tras reconocer que debe “permitir la entrada de mano de obra indispensable para el sistema económico nacional que de otro modo no sería posible encontrar”. Se trata de 500.000 nuevos visados de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a la Unión Europea, entre 2026 y 2028.
En España, expertos en la materia y las cifras oficiales subrayan los máximos históricos que representan los inmigrantes en afiliación a la seguridad social. Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, del pasado marzo, el 13,7% de los cotizantes son de origen extranjero, lo que significa casi 900.000 más que en el mismo mes de 2019. Y, en el último año, el 41% del empleo creado corresponde a trabajadores inmigrantes. En cuanto a los cotizantes nacidos fuera de la UE, la lista está encabezada por personas de Marruecos, seguida por Colombia, Venezuela y China.