CNDH dice nuevo Código Penal regresivo atenta contra los derechos de las mujeres.-
EL NUEVO DIARIO, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) denunció este sábado que el nuevo Código Penal regresivo, atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes, y que representa un retroceso inadmisible en materia de derechos, equidad y justicia social.
Hace un llamado al presidente de la República Luis Abinader a que no promulgue esta ignominia jurídica y a no ceder frente a presiones retrógradas.
Asimismo, los presidentes de las filiales provinciales y municipales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal y sus municipios, alertaron sobre graves violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente provocadas por la expansión descontrolada de actividades mineras en esas regiones.
Según la denuncia, estas operaciones han causado daños irreparables a los ecosistemas, fuentes hídricas, la salud de las comunidades y los medios de vida rurales, afectando particularmente a sectores vulnerables.
Reunidos en la ciudad de San Francisco de Macorís en el marco del Precongreso Regional Nordeste, luego de amplios debates y reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos en esas comunidades, señalaron la negligencia e inefectividad del Estado dominicano en el cumplimiento de su deber constitucional y legal de preservar los recursos naturales, en especial los recursos forestales e hídricos en la Cordillera Septentrional, uno de los patrimonios ecológicos más importantes del país.
«Las omisiones del Estado, tanto como sus acciones, constituyen una forma de violación de los derechos humanos al atentar contra la vida, la salud y el bienestar de las poblaciones afectadas», explican a través de nota de prensa.
De igual forma denunciaron la crítica situación del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas, falta de atención integral y ausencia de políticas efectivas de reinserción social. «Exigimos reformas estructurales urgentes que garanticen un trato digno a las personas privadas de libertad, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos».
Además rechazaron la persistente violencia de género en sus comunidades y la escasa atención que recibe este grave flagelo.
«Manifestamos nuestra preocupación por la manera ligera e insensible con que, en muchos casos, el sistema judicial trata las denuncias de agresión contra mujeres, permitiendo la libertad de agresores mediante la simple aplicación de garantías económicas, incluso en situaciones de extrema gravedad. Esta práctica no solo revictimiza a las sobrevivientes, sino que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia».
Reafirmaron su compromiso como defensores y defensoras de los derechos humanos, acompañando a sus
comunidades en sus luchas, visibilizando las injusticias y exigiendo una respuesta institucional coherente, justa y respetuosa de la dignidad humana.
Esta declaración es un llamado a la conciencia pública, a las autoridades nacionales y locales, y a la sociedad civil organizada para construir una región donde se respete la vida, la dignidad, el medio ambiente y los derechos fundamentales de todas las personas.
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