Vicepresidente de FINJUS, Servio Tulio Castaños. (Foto de Abranny Arias).
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que al presidente Luis Abinader podrían presentárseles una serie de conflictos si se aprueba el Código Penal sin incluir las tres causales, dado que en campaña se había pronunciado a favor de ellas.
“Al presidente se le van a presentar algunos inconvenientes; ahora bien, él va a tener que decidir si seguimos posponiendo esto o si asume la responsabilidad de promulgarlo y hace el compromiso de seguir insistiendo con lo que él se había comprometido que iba a ser parte del Código Penal, pero el Código Penal es una necesidad”, manifestó.
Aunque reiteró su apoyo a las causales y reconoció que el proyecto aún contiene temas que deben evaluarse, Castaños precisó que la aprobación del Código Penal es una necesidad urgente para el país, a fin de fortalecer la política criminal.
“Vamos a aprobar el bendito Código, y cualquier situación que se pueda presentar, ese código va a tener un año para poderlo implementar y yo creo que habrá tiempo para que cualquier deficiencia que surja de la aprobación del Código la podamos corregir, pero nosotros tenemos más 25 años debatiendo esto”, declaró.
Castaños realizó estas declaraciones durante una entrevista en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.
(Ver programa).
Ministerio de justicia
El vicepresidente ejecutivo de Finjus atribuyó que el «alboroto» generado por la propuesta de creación de un Ministerio de Justicia al desconocimiento de que el país ya contó con una institución de este tipo, la cual fue disuelta en 1964, cuyas funciones fueron transferidas a la Procuraduría General de la República y al Poder Judicial.
Argumentó que muchas de las funciones asignadas al Ministerio Público nunca debieron recaer en esa institución, ya que desnaturalizan su rol esencial, que es perseguir, instrumentar y sustentar expedientes judiciales.
“El Ministerio Público nunca debió haber tenido la administración del sistema penitenciario, porque lo distrae, nunca debió haber tenido la certificación de execuátur, la autorización de fundaciones”, explicó.
Asimismo, señaló que el 67 % del presupuesto de la Procuraduría General de la República se consume en el sistema penitenciario, lo cual calificó como una «locura».
Sostuvo que lo mismo sucede con el Poder Judicial, ya que, entre otras cosas, nunca debió transferírsele responsabilidades como emitir sellos de ganado.
“Para criar una vaca, tienes que ir a un juzgado de paz”, citó.
A su juicio, muchas personas se limitan a ver la propuesta como la creación de una nueva entidad estatal, sin entender que su objetivo es corregir distorsiones históricas en la estructura institucional del país.
“Estas son cosas que la gente todavía no las entiende y lo que dice: Se está creando otro ministerio más”, comentó.
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