Aprueban Ley de ordenamiento territorial. (Ilustración END)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader emitió el Decreto núm. 396-25 mediante el cual aprueba el reglamento de aplicación de la Ley núm. 368-22 sobre de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos.
El reglamento destaca la obligatoriedad de los gobiernos locales de diseñar y aprobar planes de ordenamiento territorial, al ordenar a las oficinas municipales de planeamiento urbano, otorgar la autorización para desarrollar proyectos de infraestructura compatibles con la naturaleza de los tipos de suelo de cada municipio.
Además, con esta aprobación los espacios que cuentan con vocación para el desarrollo de proyectos turísticos, deberán tener la aprobación del permiso de uso de suelo del gobierno local, como también la certificación de no objeción del Ministerio de Turismo para la viabilidad del proyecto.
De igual manera, el proyecto establece que el Ministerio de Hacienda y Economía será la autoridad competente para certificar cuáles distritos municipales cumplen con los requisitos del párrafo I del artículo 24 de la referida Ley núm. 368-22, para la gestión del uso de suelo en su respectiva demarcación territorial.
La información fue dada a conocer por el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero a través de una nota de prensa.
Tanto la Ley núm. 368-22 de Ordenamiento Territorial como su reglamento de aplicación son iniciativas impulsadas por el Gobierno de Abinader , que buscan mediante la planificación estratégica y gestión participativa del uso de suelo, propiciar el desarrollo integral y equilibrado de los municipios acorde con las potencialidades, expectativas y aspiraciones de sus respectivas poblaciones que le garanticen las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.
Este reglamento, cuyo borrador fue elaborado por el Viceministerio de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Regional del Ministerio de Economía y sometido oportunamente a vista pública, fue además socializado y discutido en un proceso liderado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
En este participaron los ministerios de la Presidencia, Turismo, Vivienda y Edificaciones; representantes de asociaciones vinculadas a temas municipales, así como sectores del ámbito empresarial que serían impactados por esta norma.
Relacionado
[ad_2