Director de ACS, Ricardo González Hernández. (Foto de Luis Montero)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo de la Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS), Ricardo González Hernández, advirtió que la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y aún pendiente en el Senado, contempla una serie de parámetros que deben ser revisados con detenimiento.
González Hernández llamó a los congresistas para que esta nueva legislación sea discutida de forma sincera y profunda, con el objetivo de evitar consecuencias injustas tanto para los funcionarios como para los proveedores.
Durante su participación en el programa “El Nuevo Diario AM”, que transmite el Nuevo Diario TV, González Hernández expresó preocupación por la inclusión de sanciones penales en esta ley, que es de naturaleza administrativa.
(Ver programa).
Señaló que, si bien la ACS no se opone a que se sancione a quienes incurran en ilegalidades, el enfoque que se ha incorporado podría generar consecuencias desproporcionadas.
“Incluye sanciones no solamente para el servidor público, sino también para los proveedores que puedan incumplir, pero esto es algo que hay que revisarlo de forma detenida, porque no siempre la responsabilidad de un incumplimiento va atada a una intención”, expresó.
Insistió en que es necesario revisar con detenimiento este apartado en la norma que podría conocerse este jueves en el Senado de la República, ya que, puede provocar que luego exista un festín de procedimientos penales en contra de actores del sistema sin una clara intencionalidad delictiva.
Además, el director ejecutivo de la ACS alertó sobre la expansión de las inhabilidades para contratar con el Estado, las cuales ahora se dividen en absolutas y relativas.
De manera particular, cuestionó disposiciones como la que impide ser proveedor del Estado a una persona que haya tenido una unión libre con un funcionario. Señaló que actualmente no existe un registro nacional de uniones de esta naturaleza, lo que podría llevar a situaciones absurdas.
“Puede pasar que esa persona con la que usted tuvo una unión libre en el año 95 hoy tenga una repostería y sea proveedor del Estado. Ahora usted es diputado, el escarceo público será que ambos están violando la ley y podrán ser sancionados penalmente”, expresó.
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