EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El secretario general del partido Generación de Servidores (GenS), Obispo Montero, denunció este domingo la realización de despidos masivos en el Ayuntamiento de San Juan de la Maguana, calificándolos como una violación flagrante de los derechos laborales y un abuso inaceptable contra una provincia duramente golpeada por el desempleo.
“No solo se está dejando sin sustento a muchas familias humildes de San Juan, sino que además se les niega el derecho legal a recibir lo que les corresponde por años de trabajo honesto. Esto es un atropello que no puede quedar impune”, declaró Montero a través de un comunicado.
Según reportes locales y evidencias en video, decenas de trabajadores han sido despedidos sin recibir el pago de sus prestaciones laborales. Esta situación se da en una de las provincias más empobrecidas del país, agravando la crisis social y económica que afecta a la región.
Montero recordó que el Artículo 80 del Código de Trabajo establece que “todo empleador que desahucie o despida a un trabajador con o sin causa justificada está obligado a pagarle las prestaciones laborales correspondientes”. Asimismo, señaló el Artículo 86, que indica que “las prestaciones deben pagarse dentro de los diez días siguientes a la terminación del contrato”, y cuyo incumplimiento representa una falta legal.
“Este ayuntamiento está actuando fuera de la ley, y es deber del Estado garantizar que cada ciudadano despedido reciba lo que la ley manda. Lo contrario es robarle al pueblo con firma institucional”, enfatizó el joven dirigente.
Un video difundido en redes sociales muestra a los trabajadores afectados protestando pacíficamente frente al cabildo municipal, exigiendo sus derechos. Las imágenes reflejan la desesperación de decenas de familias que dependen de esas liquidaciones para sobrevivir.
Montero hizo un llamado al presidente de la República, al Ministerio de Administración Pública (MAP), a la Contraloría General y a la Liga Municipal Dominicana para que intervengan de manera inmediata. Solicitó que se realice una auditoría de la gestión municipal y se garantice el pago de las prestaciones laborales adeudadas.
“Una administración justa y humana no puede tolerar que a los servidores públicos se les despida y luego se les niegue el derecho a reclamar lo suyo. Esta no es la República Dominicana que soñamos”, afirmó.
Finalmente, reiteró su compromiso con las causas sociales y la defensa de la dignidad del pueblo dominicano, especialmente de los más vulnerables.
“San Juan necesita respeto y trato digno, no atropellos. Los ayuntamientos deben servir al pueblo, no oprimirlo. Seguiremos denunciando cada abuso y exigiendo respeto a la ley y a la gente”, concluyó.
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