Fachada del INTRANT. (Fuente: intrant.gob.do)
EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y su director ejecutivo, Milton Morrison Ramírez, presentaron el pasado viernes 4 de julio de 2025, ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), una querella penal con constitución en actor civil contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña.
La acción penal detalla una compleja trama de intentos de soborno —con sumas ofrecidas de hasta un millón de dólares estadounidenses y tres millones de pesos mensuales—, así como amenazas personales, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios clave del Intrant. El objetivo de estos actos era lograr la prórroga de un contrato estatal vencido, adjudicado originalmente a Dekolor para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en todo el país.
El contrato, firmado en enero de 2020 por un período de cinco años, incluía la administración de 21 centros de atención, provisión de personal, equipos y operación tecnológica completa del sistema de licencias. Aunque fue modificado en tres ocasiones mediante adendas no aprobadas por el Consejo del Intrant, la empresa intentaba extender su vigencia sin participar en un nuevo proceso competitivo, recurriendo a presiones ilegales contra la actual administración.
Los hechos denunciados han sido calificados como soborno (Ley núm. 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley núm. 155-17), estafa contra el Estado y chantaje/extorsión electrónica, de conformidad con el Código Penal y la Ley núm. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
La querella está respaldada por informes técnicos internos, documentación de la Contraloría General de la República, pruebas documentales y testimonios, y revela la existencia de una estructura criminal articulada para manipular decisiones administrativas y apropiarse indebidamente de fondos públicos. También se menciona la posible participación de otros actores, cuya responsabilidad deberá ser determinada por el Ministerio Público.
Este tipo de acción legal resulta inusual en el país, ya que generalmente los delitos de corrupción administrativa son perseguidos por el Ministerio Público en representación del Estado. La decisión de un funcionario de alto nivel de ejercer directamente la acción penal constituye un precedente excepcional, pocas veces registrado en archivos judiciales o de medios de comunicación.
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