EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) informó este sábado que la obra colapsada parcialmente en Santiago de los caballeros, correspondiente al proyecto Plaza Comercial Denis, había sido suspendida luego de que fuera reportada por carecer de los permisos legales correspondientes, pero los responsables hicieron caso omiso y dieron continuidad a la misma, por lo que actualmente esa entidad se encuentra realizando una investigación técnica de lugar.
Según explicó el MIVED, esta obra ha sido objeto de seguimiento desde el año 2024, cuando se constató la ejecución de trabajos sin los permisos exigidos por la ley. En consecuencia, se emitieron órdenes formales de suspensión, en aplicación de la Ley núm. 160-21, la Ley núm. 687-82, y los reglamentos técnicos R-021 (Decreto núm. 576-06) y R-004 (Decreto núm. 232-17), explicó el Ministerio a través de su Dirección de Inspección de Obras Privadas.
Durante las inspecciones técnicas realizadas, se verificó que la construcción avanzaba sin que los responsables presentaran planos aprobados, licencia de construcción ni registros de inspección, requisitos indispensables para la legalidad de este tipo de obras.
Como medida inmediata, el Ministerio procedió con la Notificación de Suspensión de Obras No. 0126, con el objetivo de detener las labores en el sitio y exigir el cumplimiento de los requisitos técnicos y jurídicos. No obstante, los responsables persistieron en ejecutar trabajos sin regularización alguna.
Aunque al momento del colapso no se observaba actividad constructiva en curso, el MIVED enfatiza que la obra permanece formalmente suspendida y advierte que cualquier intento de reanudación está condicionado a la presentación ante la Dirección de Tramitación, Tasación y Licencias (DTTL) de un informe de evaluación estructural elaborado por un profesional debidamente certificado, que confirme la seguridad de lo construido.
El MIVED recuerda que en casos análogos ha impulsado acciones judiciales tendentes a obtener autorización para el desalojo o demolición de estructuras irregulares que representen riesgo público, siempre dentro del marco del respeto al debido proceso y a los derechos constitucionales.
Estas actuaciones responden al deber del Ministerio de garantizar la seguridad de las edificaciones, la vida de las personas y el estricto cumplimiento del régimen normativo que rige el desarrollo urbano en la República Dominicana.
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