Jueza del TC propone que policías y militares también puedan votar – El Nuevo Diario (República Dominicana)


Sonia Argentina Díaz Inoa. (Foto: Fuente Externa)

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una propuesta lanzada por la jueza del Tribunal Constitucional (TC), Sonia Díaz, ha abierto un debate sobre uno de los temas más sensibles del sistema democrático dominicano: la participación electoral de los cuerpos armados.

Durante una audiencia solemne a propósito del Día de la Constitución, Díaz afirmó que ha llegado el momento de reflexionar sobre la exclusión histórica de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en el padrón electoral.

La Constitución vigente prohíbe que estos servidores del Estado voten o aspiren a cargos electivos, en un intento por preservar la neutralidad institucional.

“Es tiempo de considerar seriamente la incorporación de los militares y policías a la vida cívica activa”, declaró la jueza, enfatizando que el derecho al sufragio es un componente esencial de la ciudadanía.

La propuesta ha encendido las reacciones.

Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, recordó que cualquier modificación en este sentido implicaría una reforma constitucional.

Mientras que, el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, rechazó rotundamente la iniciativa, alegando que podría desestabilizar el delicado equilibrio institucional del país.

Por ahora, la idea queda sobre la mesa, y aunque no hay consenso, ha logrado lo que parecía difícil: poner a pensar al país sobre quiénes pueden y quiénes deben participar en la construcción democrática.

El artículo 75 de la Constitución Dominicana establece los deberes fundamentales de los ciudadanos, entre los cuales figura, en su inciso 2, la obligación de votar siempre que se posea la capacidad legal para hacerlo.

Este deber vincula directamente el ejercicio de los derechos fundamentales con la responsabilidad cívica de participar en los procesos electorales, subrayando que el voto no solo es un derecho, sino también un compromiso moral y jurídico con el orden democrático de la nación.

 

 

JSB/


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