EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una nueva auditoría de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) reveló que durante la pandemia del COVID-19, decenas de empleados públicos con salarios que alcanzaban hasta los RD$900,000 mensuales recibieron beneficios económicos de los programas de asistencia social implementados por el Gobierno, originalmente dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.
El informe correspondiente al “Examen Coordinado a los Programas de Ayudas Socioeconómicas implementados durante la pandemia del COVID-19”, evaluó la ejecución de los programas “Quédate en Casa”, “FASE” y “Pa’ Ti”, concluyendo que aunque el país contó con un adecuado marco legal e institucional para atender la emergencia sanitaria, hubo deficiencias en los mecanismos de control, inclusión y monitoreo de los beneficiarios.
De acuerdo con el documento, la Cámara de Cuentas comprobó que no se aplicaron filtros eficaces para evitar que empleados del Estado con altos ingresos accedieran a los subsidios, lo que provocó que fondos destinados a los sectores más vulnerables terminaran beneficiando a personas que no cumplían con los criterios de necesidad económica.
“El proceso de selección de beneficiarios careció de una depuración efectiva que garantizara que las ayudas fueran otorgadas exclusivamente a hogares de escasos recursos, según lo establecido en los decretos de creación de los programas”, indica la auditoría.
En los anexos del Informe de Auditoría Coordinada a los Programas de Ayudas Socioeconómicas en el marco del COVID-19 detalla que entre los beneficiarios se encontraban servidores del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, la Contraloría General de la República, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, entre otras entidades públicas.
Entre los casos detectados figura una empleada del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes que devengaba RD$400 mil mensuales y aun así fue beneficiaria del programa Pa’ Ti, diseñado para trabajadores informales afectados por la crisis sanitaria.
El informe también menciona a un empleado de la Contraloría General con ingresos superiores a RD$600 mil, uno de la Vicepresidencia con RD$300 mil, otro del Ministerio de Medio Ambiente con RD$800 mil y uno de Obras Públicas que ganaba más de RD$900 mil pesos mensuales, todos incluidos en listas de beneficiarios.
El informe también destaca que aunque el Gobierno definió correctamente las instituciones líderes, los criterios de selección y los mecanismos de pago, se identificaron fallas en la supervisión y en la evaluación del impacto real de los programas sociales.
En su conclusión general, la Cámara de Cuentas afirma que pese a la correcta definición de las instituciones responsables y la existencia de un marco legal sólido, “se evidenció deficiencia en la identificación de riesgos, en la inclusión de beneficiarios y en el monitoreo y evaluación del impacto de los programas”.
Como parte de sus recomendaciones, el órgano fiscalizador exhorta al Estado a crear metodologías e indicadores que permitan mayor control y transparencia en la administración de fondos públicos en situaciones de emergencia. Además, solicita a las instituciones responsables elaborar un plan de acción correctivo en un plazo de 25 días calendario, para garantizar la efectividad de los mecanismos de control y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
La auditoría, realizada en el marco de un esfuerzo regional de supervisión de los programas de ayuda durante la pandemia, evaluó el desempeño de los organismos estatales entre enero y diciembre de 2020, período en que el país destinó miles de millones de pesos a subsidios económicos para mitigar el impacto del confinamiento.
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